NI PERDÓN NI OLVIDO

 

“La oscuridad engendra la violencia / y la violencia pide oscuridad / para cuajar el crimen. / Por eso el dos de octubre aguardó hasta la noche / Para que nadie viera la mano que empuñaba / El arma, sino sólo su efecto de relámpago.

¿Y a esa luz, breve y lívida, quién? ¿Quién es el que mata? / ¿Quiénes los que agonizan, los que mueren? / ¿Los que huyen sin zapatos? / ¿Los que van a caer al pozo de una cárcel? / ¿Los que se pudren en el hospital? / ¿Los que se quedan mudos, para siempre, de espanto?

¿Quién? ¿Quiénes? Nadie. Al día siguiente, nadie. / La plaza amaneció barrida; los periódicos / dieron como noticia principal / el estado del tiempo. / Y en la televisión, en el radio, en el cine / no hubo ningún cambio de programa, / ningún anuncio intercalado ni un / minuto de silencio en el banquete. / (Pues prosiguió el banquete.)

No busques lo que no hay: huellas, cadáveres / que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, / a la Devoradora de Excrementos. / No hurgues en los archivos pues nada consta en actas.

Mas he aquí que toco una llaga: es mi memoria. / Duele, luego es verdad. Sangre con sangre / y si la llamo mía traiciono a todos.  

Recuerdo, recordamos. / Ésta es nuestra manera de ayudar a que amanezca / sobre tantas conciencias mancilladas, / sobre un texto iracundo sobre una reja abierta, / sobre el rostro amparado tras la máscara. / Recuerdo, recordamos / hasta que la justicia se siente entre nosotros”,

Memorial de Tlatelolco, Rosario Castellanos.

Hay algo perturbador en el acto de pedir perdón, especialmente cuando los responsables directos ya no están presentes para enfrentar la justicia. Es un gesto de aparente nobleza, pero que a menudo se transforma en un truco político que apela al simbolismo sin ofrecer consecuencias reales. La presidenta Claudia Sheinbaum, en su primera conferencia mañanera del 2 de octubre de 2024, hizo exactamente eso: firmó un acuerdo donde el Estado mexicano asume la responsabilidad de la masacre de Tlatelolco de 1968, más de medio siglo después de que el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz ordenara la represión violenta en contra de los estudiantes. Pero, ¿qué significado tiene este gesto en un contexto donde la impunidad histórica es la norma, no la excepción?

Es fácil pedir perdón cuando los fantasmas de la represión ya no pueden responder. Las palabras de la presidenta, aunque emotivas y cargadas de memoria histórica, caen como un eco vacío cuando se comparan con la realidad actual. En el mismo acto en que se reconoce el papel del Estado mexicano como perpetrador de un crimen de lesa humanidad, otro episodio de violencia estatal ensombrece la memoria de Tlatelolco. Apenas un día antes, el 1 de octubre de 2024, militares dispararon contra migrantes cerca de la frontera con Guatemala, dejando un saldo de seis muertos y varios heridos, un episodio que apenas comienza a investigarse​.

Sin embargo, las contradicciones en los comunicados de la SEDENA y la Fiscalía respecto a los hechos del 1 de octubre son evidentes y revelan una narrativa contradictoria que genera más dudas que certezas. Mientras que la SEDENA describe los eventos como sigue: “Aproximadamente a las 20:50 horas del martes primero de octubre de 2024, integrantes del Ejército Mexicano al efectuar reconocimientos terrestres, detectaron un vehículo tipo pick up que iba a alta velocidad, mismo que al ver al personal militar se evadió. A retaguardia de la pick up se desplazaban dos camionetas de redilas como las que usan grupos delincuenciales en esa región. Personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que 2 elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas de redilas”, la Fiscalía adopta un tono más detallado, señalando que “personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), fue alertado sobre personas armadas; razón por la cual acudió a la carretera federal número 200, cercana a dicha ciudad de Tapachula, donde encontraron tres vehículos, cuyas personas a bordo, al ver al personal de la autoridad, se dieron a la fuga, a pesar de haber sido conminadas para que se detuvieran, ignorando dicha orden que es obligatoria frente a un acto de autoridad. En la persecución a dichos vehículos, el personal militar refiere que fueron agredidos por sus tripulantes; y, por ello, repelieron el ataque, deteniendo una camioneta de redilas verde, mientras los otros dos vehículos se daban a la fuga. ​

La pregunta es inevitable: ¿quién pedirá perdón por las muertes del 1 de octubre de 2024? ¿Quién asumirá la responsabilidad de este nuevo acto de violencia? ¿Será que, la presidenta, como comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, debe rendir cuentas por las acciones de los militares bajo su jurisdicción? La narrativa oficial, como de costumbre, tiende a desviar la atención y presenta estos hechos como anomalías, como situaciones desafortunadas que se resolverán mediante la investigación interna de la SEDENA y de la Fiscalía General de la República. En voz de la presidenta: “Es un hecho lamentable, y tiene que ser investigado y sancionado (…). De igual manera, no puede repetirse una situación así, se están tomando las medidas, al general secretario le di instrucciones para que esto ocurra así”.

La ironía de la situación es evidente y dolorosa. Mientras se firma un acuerdo en la mañanera para "garantizar la no repetición" de actos de represión por parte del Estado, la sangre de migrantes mancha las mismas manos que firman el decreto. La administración de Sheinbaum inicia su mandato con la sombra de una tragedia, y no hay disculpa pública ni decreto que borre esa contradicción. Es una traición a la memoria de Tlatelolco y Ayotzinapa, un recordatorio de que la historia puede repetirse, aunque ahora las víctimas no sean estudiantes, sino personas en busca de una vida mejor.

El Estado mexicano se muestra generoso con sus perdones hacia el pasado, pero cicatero con su rendición de cuentas en el presente. Se nos pide aplaudir la valentía de reconocer un crimen de hace 56 años, pero se nos pide silencio ante la violencia que sigue latente en la actuación de las Fuerzas Armadas, ahora con migrantes como las nuevas víctimas. ¿De qué sirve el compromiso de "nunca más" si en la práctica ese nunca es tan frágil como la firma en un papel? Casos como el de Ayotzinapa, donde 43 estudiantes desaparecieron en circunstancias aún no esclarecidas y que involucran a actores del Estado, exponen la inconsistencia de un gobierno que ofrece disculpas públicas por atrocidades históricas mientras sigue fallando en brindar verdad y justicia en las tragedias recientes. La promesa de justicia parece ser una línea de tiempo selectiva, donde el pasado se lamenta, pero el presente se oculta bajo un manto de complicidad e impunidad.

Sheinbaum, en su discurso, se presenta como heredera de las luchas democráticas del 68, una "hija del movimiento" que recoge la antorcha de la justicia social. Pero el 1 de octubre de 2024 nos recuerda que la antorcha también puede quemar. ¿Será capaz la presidenta de enfrentar el fuego de la verdad, de asumir con la misma firmeza que exigió para el pasado su responsabilidad en los hechos actuales? ¿O se refugiará en la retórica del perdón tardío, esa que tanto abunda en los discursos y que tan poco consuelo trae a las víctimas recientes?

La realidad es que, cuando el Estado pide perdón por crímenes pasados, lo hace sobre una tumba ya sellada, pero cuando se enfrenta a las injusticias del presente, se encuentra en una encrucijada moral. El México que se proyecta como defensor de los derechos humanos y la democracia es el mismo que despliega a su Ejército en tareas de seguridad con resultados letales. ¿Cuánto tiempo más podremos sostener esta dualidad sin que se convierta en un colapso definitivo?

Si la presidenta y su administración tienen un verdadero interés en honrar la memoria de los estudiantes caídos, deben empezar por enfrentar con la misma transparencia los crímenes que se cometen bajo su mandato. De lo contrario, su pedido de perdón no es más que un insulto disfrazado de empatía, una burla cínica que deshonra tanto a las víctimas del pasado como a las del presente. Cada vida perdida a manos del Estado, ya sea hace 56 años o ayer mismo, merece algo más que discursos. Merece justicia real, sin pretextos ni evasivas. Porque mientras la impunidad sea la regla y la simulación la norma, la consigna seguirá siendo, ahora más vigente que nunca: “ni perdón ni olvido”.